Ley Marco de Ciberseguridad en Chile (Ley 21.663): qué es y cómo cumplirla

● Información verificada · Actualizado junio 2026

La ley marco de ciberseguridad en Chile establece por primera vez un conjunto de obligaciones legales para proteger la infraestructura digital del país. Si tienes una empresa o trabajas en un sector regulado, esta ley te afecta directamente.

⚖️ Ley 21.663 🇨🇱 Vigente en Chile 🏢 Empresas reguladas 📋 Contenido actualizado

Chile promulgó en 2024 la Ley 21.663, conocida como la ley marco de ciberseguridad, con el objetivo de proteger las redes, sistemas y datos de los operadores que gestionan servicios esenciales. Esta norma crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) y establece un marco de obligaciones para los llamados operadores de importancia vital.

La ley no aplica de igual forma a todas las empresas. Se centra en los sectores que, si sufrieran un ciberataque, podrían generar un impacto grave en la sociedad: energía, agua, telecomunicaciones, salud, servicios financieros y transporte. En esta guía explicamos qué dice la ley, a quién afecta, qué debes implementar y cuáles son las consecuencias de no cumplir.

¿Qué es la ley marco de ciberseguridad en Chile?

La Ley 21.663 es la primera norma chilena que establece un marco legal específico para la ciberseguridad a nivel nacional. Fue promulgada en enero de 2024 y entró en vigencia de forma progresiva durante ese mismo año.

Sus tres objetivos principales son proteger las redes y sistemas de información de los servicios esenciales del país, crear la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) con facultades para fiscalizar y sancionar, y definir obligaciones concretas para los operadores que gestionan infraestructura crítica.

La ley también crea el CSIRT Nacional (Computer Security Incident Response Team), encargado de coordinar la respuesta ante incidentes que afecten al país. Actúa como punto central entre el sector público y privado ante ciberataques de gran escala.

📋 Resumen de la Ley 21.663

Nombre oficialLey Marco de Ciberseguridad e Infraestructura Crítica
NúmeroLey 21.663
PromulgaciónEnero de 2024
Organismo reguladorAgencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI)
Aplica aOperadores de importancia vital en sectores críticos
Sanción máximaHasta 40.000 UTM por infracciones gravísimas

¿A quién afecta la ley?

La ley distingue entre dos categorías: los operadores de importancia vital (OIV) y los organismos públicos. Los OIV son empresas cuya interrupción causaría un impacto significativo en la sociedad, la economía o la seguridad nacional. La ANCI determina qué organizaciones califican mediante resolución fundada.

⚡

Energía

Generación, transmisión y distribución eléctrica. Empresas de gas y combustibles.

🏥

Salud

Hospitales, clínicas y prestadores de salud que gestionen datos críticos de pacientes.

📡

Telecomunicaciones

Operadores de redes de comunicaciones e internet de escala nacional.

💧

Agua y Saneamiento

Operadoras de agua potable y alcantarillado que gestionan infraestructura crítica.

🏦

Servicios Financieros

Bancos, aseguradoras y administradoras de fondos supervisadas por la CMF.

🚢

Transporte

Operadores de infraestructura portuaria, aeroportuaria y logística crítica.

🏛️

Administración Pública

Organismos del Estado que gestionan servicios esenciales o datos sensibles de ciudadanos.

⚠️ ¿Cómo saber si tu empresa es operador de importancia vital?

La ANCI notifica formalmente a cada organización designada como OIV. Si operas en alguno de estos sectores y aún no has recibido notificación, consulta el registro público en anci.gob.cl. Ante la duda, actúa como si lo fueras.

Obligaciones concretas para los operadores

Los operadores de importancia vital deben cumplir un conjunto de obligaciones técnicas y organizativas. Estas son las principales:

1

Implementar un sistema de gestión de seguridad de la información

Los OIV deben contar con políticas, procedimientos y controles formales alineados con estándares como la norma ISO 27001. No es obligatorio certificarse, pero el estándar sirve de referencia para el cumplimiento.

2

Notificar incidentes de ciberseguridad

Ante un incidente significativo, los OIV deben notificar al CSIRT Nacional en un plazo de 3 horas desde la detección, con seguimiento a las 72 horas y un informe final a los 30 días.

3

Mantener un inventario de activos críticos

Los operadores deben identificar y documentar los sistemas, redes y datos críticos para la continuidad de sus operaciones. Este inventario es la base para priorizar las medidas de protección.

4

Realizar evaluaciones periódicas de riesgo

La ley exige evaluar periódicamente los riesgos de ciberseguridad y actualizar las medidas de protección. Esto incluye análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración regulares.

5

Contar con un plan de continuidad operacional

Los OIV deben tener un plan documentado para mantener la continuidad de sus servicios esenciales ante un ciberataque, incluyendo procedimientos de respuesta, recuperación y comunicación.

6

Designar un responsable de ciberseguridad

Cada operador debe designar formalmente a una persona responsable de la gestión de ciberseguridad, que actúa como punto de contacto ante la ANCI y el CSIRT Nacional.

Sanciones por incumplimiento

La ANCI tiene facultades para fiscalizar y sancionar a los operadores que incumplan la ley. Las sanciones se clasifican en tres niveles:

NivelSanción máximaEjemplos de infracción
LeveHasta 5.000 UTMIncumplimientos formales, falta de documentación, retrasos menores
GraveHasta 10.000 UTMNo notificar un incidente en plazo, falta de plan de continuidad
GravísimaHasta 40.000 UTMReincidencia, incumplimiento que cause daño efectivo a servicios esenciales

⚠️ Referencia de valor UTM (2026)

Una UTM equivale aproximadamente a $68.000 CLP (valor orientativo 2026). Una sanción gravísima de 40.000 UTM puede superar los $2.700 millones de pesos. Verifica el valor actualizado en el sitio del SII.

Cómo preparar tu organización para cumplir la ley

Si tu organización es o puede ser designada operador de importancia vital, estos son los pasos concretos para prepararte:

1

Verifica si estás en el registro de OIV

Consulta el registro público en anci.gob.cl. Si operas en un sector crítico y no apareces, puede deberse a que aún no has sido designado. Ante la duda, actúa como si lo fueras.

2

Realiza un diagnóstico de brechas

Evalúa el estado actual de tu seguridad frente a los requisitos de la ley. Un análisis de vulnerabilidades o pentesting es el punto de partida más efectivo.

3

Implementa los controles mínimos exigidos

Prioriza inventario de activos, gestión de accesos, cifrado de datos sensibles, detección de intrusiones y copias de seguridad verificadas. Documenta todo — la ANCI puede pedir evidencia de cumplimiento.

4

Establece el protocolo de notificación de incidentes

Define internamente quién notifica, cómo se detecta un incidente y cuáles son los canales hacia el CSIRT Nacional. El plazo de 3 horas es muy corto — sin un protocolo previo es imposible cumplirlo.

5

Documenta y mantén actualizado tu sistema de gestión

Políticas, procedimientos, registros de incidentes y evaluaciones de riesgo deben estar documentados. Son la evidencia de cumplimiento ante una fiscalización de la ANCI.

Preguntas frecuentes sobre la ley marco de ciberseguridad

Directamente, no. La ley se centra en operadores de importancia vital. Sin embargo, las pymes proveedoras de OIV pueden verse afectadas indirectamente si sus clientes les exigen cumplir estándares de seguridad como condición contractual.
No. La ley no exige la certificación ISO 27001, pero la utiliza como referencia para los controles mínimos. Implementar un sistema basado en ISO 27001 facilita el cumplimiento, pero la certificación formal es una decisión de cada organización.
Aquel que afecta o puede afectar la continuidad de los servicios esenciales del operador, que compromete datos sensibles de un número relevante de personas, o que tiene potencial impacto en otros operadores o en la infraestructura crítica nacional.
No. Son marcos normativos distintos y complementarios. La ley marco regula la protección de infraestructura crítica y la respuesta a incidentes. La ley de protección de datos personales (Ley 19.628) regula el tratamiento de datos. Ambas pueden aplicar simultáneamente.
Son marcos con objetivos distintos. El RGPD europeo regula el tratamiento de datos personales de ciudadanos de la UE y aplica a cualquier organización que los procese, independientemente de dónde esté. La ley marco chilena regula la protección de infraestructura crítica nacional y aplica a operadores de sectores esenciales en Chile. Una empresa chilena que opere con datos de ciudadanos europeos puede estar sujeta a ambos marcos simultáneamente.

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Aviso legal: HackingChile es un sitio de información y servicios de ciberseguridad. El contenido de esta guía tiene fines informativos y no constituye asesoría legal. Para obligaciones específicas de tu organización bajo la Ley 21.663, consulta con un especialista en derecho y ciberseguridad.

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